Cooperativismo en Argentina

Los orígenes de las experiencias argentinas en materia de cooperativismo se remontan a mediados del siglo XIX. En sus albores, en donde se observa un vigoroso desarrollo agrícola-ganadero del país y masivas olas inmigratorias, se destaca la participación y el aporte de esas comunidades en el desarrollo del cooperativismo local.

Si bien se reconocen algunas experiencias con rasgos cooperativos desde el año 1875, la primera cooperativa matriculada en la Argentina data del año 1898, la cual pertenece al sector agrario que es reconocido por sus fundamentales aportes en el dinamismo del movimiento. Ésta primera experiencia surge de la mano de un grupo de franceses, que fundó la cooperativa El Progreso Agrícola en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires. La segunda cooperativa, también del sector agro, se fundó en la provincia de Entre Ríos en el año 1900 por parte de la comunidad judía, tomando el nombre de La Agrícola Israelita. Luego, en el año 1902 se creó la Cooperativa Fondo Comunal de Colonia Clara, en la provincia de Entre Ríos y la cooperativa Liga agrícola-ganadera de Junín, en la provincia de Buenos Aires en 1904. El año 1905 vio nacer a la cooperativa El Hogar Obrero en la provincia de Buenos Aires, emblema del movimiento en la Argentina y primera cooperativa no europea admitida en la Alianza Cooperativa Internacional - ACI[1].

El impulso que ciertos sectores de la sociedad comenzaron a dar a las experiencias cooperativas respondía no sólo a la búsqueda de propuestas alternativas frente a las relaciones empleador / empleado sino al aseguramiento de provisión de bienes y servicios, de puestos de trabajo estables, de la instrucción de los trabajadores en funciones tecnológicas y económicas, de la participación de la mujer, entre otros.

Dado el desarrollo que comenzó a desplegarse y en consonancia con el impulso que los diferentes gobiernos latinoamericanos empezaron a dar al sector, en el año 1926 se dictó la primera ley argentina sobre estas entidades[2], marcando de esta manera los inicios de su regulación y fiscalización pública en el país. Más tarde, en el año 1973, se dictó la ley 20.337, vigente en la actualidad, en cuyo artículo 2º define a las cooperativas, indicando que “son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres (…) no ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital; conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital; distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales; fomentan la educación cooperativa (…)”.

Las políticas iniciadas en la última dictadura militar (1976-1983) incidieron en la reestructuración y destrucción del aparato industrial argentino, coronándose estos efectos con la implementación de las medidas neoliberales instauradas en la década del 90’. Esta lógica se acentúa con la crisis del 2001, a partir de la cual cesan las actividades de numerosas entidades. Varias de ellas retomaron ritmo bajo la figura de empresas recuperadas con la modalidad de cooperativas de trabajo.

En este sentido, el incremento en el número de cooperativas observado en los últimos años está liderado por aquellas cuyo objeto social es el trabajo[3], representando el 59,7% del total. Así, puede señalarse que en la evolución del movimiento se ha ido modificando el peso relativo de los diferentes sectores. Se indicó precedentemente la destacada presencia de cooperativas agrarias en los comienzos del cooperativismo argentino. Sin embargo, ya a mediados de los años ´80 éstas representaban al 31,5%, una década más tarde un 17,3% hasta alcanzar el 9,1% actual. Producto de las reformas de los años ´90, se genera un profundo cambio en la escala del negocio agropecuario a partir de un esquema de expulsión y concentración en donde se habrían visto más afectados los productores que integran las cooperativas. Este hecho ayuda a comprender la descendente presencia de las actividades agropecuarias al interior del sector cooperativo. Al mismo tiempo, y tras años de reveses, sectores como las cooperativas de trabajo y las de vivienda[4] se fueron recuperando paulatinamente engrosando su presencia.

A partir de los progresos, y retrocesos, de los años venideros, se alcanza a un escenario actual del cooperativismo argentino que cuenta con 12.760 organizaciones en su seno.

Vale mencionar el Programa Ingreso Social con Trabajo presentado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social a finales del año 2009, cuyo propósito es la creación de puestos de trabajo a través de la formación de cooperativas.

Esbozando un esquema descriptivo amplio del sector cooperativo argentino, puede indicarse que el INAES es el organismo que ejerce las funciones del Estado en materia de promoción, desarrollo y control. En materia de asociaciones, el movimiento cuenta con dos confederaciones. Una de ellas está integrada por más de 30 federaciones de servicios, y la otra reúne 10 federaciones agrarias.

[1] En el año 1991 la cooperativa convocó a concurso de acreedores por insolvencia a raíz de un plan económico puesto en marcha por el Gobierno nacional de turno, basado en el canje de depósitos a plazo fijo por títulos públicos. Sobre el estado actual y futuro de la cooperativa ver www.elhogarobrero1905.org.ar

[2] Ley 11.388. Previamente a esta promulgación, de acuerdo con Kaplan de Drimer y Drimer (1975:532) “las primeras disposiciones legales en relación con las cooperativas argentinas aparecieron en el Código de Comercio reformado en 1889”.

[3] Ver Res. 3026/06.

[4] También afectadas por la falta de acceso al crédito, menos de 10 de cada 100 cooperativas pertenecían a esta actividad.

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